El Juzgado de Garantías 7 de Salta resolvió, a pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, que la causa contra el diputado nacional Emiliano Estrada por intimidación pública pase a la Justicia Federal, dado que los delitos investigados podrían involucrar el uso de fondos públicos nacionales.
La fiscal Sofía Cornejo, quien lleva adelante la investigación, explicó que Estrada habría ordenado a sus asesores la creación de videos y contenido falso en redes sociales con fines de manipulación política, y que estos trabajos habrían sido financiados con recursos del Estado.
La causa se inició a partir de la creación de cuentas falsas en TikTok desde donde se difundieron contenidos que, según la fiscalía, podrían constituir los delitos de intimidación pública (art. 211 del Código Penal) y, en su caso, calumnias e injurias (artículos 109 y 110).
Durante la investigación, la fiscalía determinó que los asesores de Estrada, Javier Allemand y Florencia Bustamante, fueron quienes ejecutaron las órdenes del diputado para generar y publicar los videos. Al ser empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, la fiscalía sostiene que su labor fue financiada con fondos públicos, lo que podría configurar el delito de peculado de servicios (artículo 261 del Código Penal).
Por estos motivos, la fiscal declinó la competencia de la Justicia Provincial en favor de la Justicia Federal, que deberá continuar con la investigación de las acusaciones contra Estrada.
La fiscal Cornejo enfatizó que el traspaso de la causa al ámbito federal no responde a motivaciones políticas, sino a cuestiones estrictamente jurídicas, dado que los presuntos delitos afectan a la Administración Pública Nacional.
Con esta resolución, la investigación por intimidación pública, instigación a cometer delitos y peculado de servicios quedará en manos del Juzgado Federal que corresponda por turno, el cual deberá definir los próximos pasos en el proceso judicial contra el diputado nacional Emiliano Estrada.