En los últimos días, Carlos Amad, fiscal general de Salta, brindó detalles sobre una grave irregularidad en las pensiones por incapacidad laboral en la provincia, específicamente en el departamento de ANTA. Esta situación guarda similitudes con lo denunciado hace unos meses en el Chaco, donde el vocero presidencial había alertado que más del 60% de los ciudadanos estaban cobrando pensiones por discapacidad, lo que generó una intervención judicial.
Amad detalló que en localidades como Joaquín V. González, Quebrachal, Talavera, y Macapillo, se han encontrado numerosas irregularidades, donde funcionarios públicos habrían otorgado pensiones de forma indebida, aprovechándose de los criterios más laxos durante la pandemia.
«Funcionarios públicos se aprovecharon del Estado, del momento de crisis, y otorgaron pensiones a personas que no cumplían los requisitos. Es moral y penalmente reprochable«, indicó Amad.
En Taco Pozo, Santiago del Estero, ya se ha imputado al intendente, su hija y la jefa de ANSES. Amad destacó que, tras el análisis realizado en Chaco, ahora están centrados en la provincia de Salta y Jujuy, donde se detectaron cerca de 55,000 pensiones dudosas.
«Estamos investigando el universo de pensiones en Quebrachal, Joaquín V. González, y otras localidades del departamento de ANTA. Una vez terminada la investigación en Chaco, procederemos a analizar los datos de Jujuy y Salta«, aseguró.
El fiscal Villalba, de Joaquín V. González, fue alertado sobre un médico que habría emitido certificados médicos falsos a personas sin discapacidad. Esto habría sido el punto de partida para abrir una investigación más amplia.