La decisión del riojano Ricardo Quintela de emitir bonos, el «Bocade«, para pagar salarios y obligaciones estatales de su provincia reaviva el recuerdo de la implosión del régimen de convertibilidad a comienzos del siglo y la proliferación de cuasimonedas emitidas por distintas provincias de las cuales, el Bono Patacón bonaerense es la más recordada.
En la Región Centro de la Nación, los funcionarios económicos de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, han comenzado a dialogar entre ellos para tener un plan B que incluya la necesidad de emitir bonos «a la riojana», si los problemas económicos de la Argentina se agravan, posibilidad que la historia financiera nacional nunca desmiente.
En ese contexto, los contactos entre las tres administraciones provinciales son en sigilo, subterráneos, discretos porque ni el cordobés, Martín Llaryora, ni el entrerriano, Rogelio Frigerio y el santafesino, Maximiliano Pullaro, quieren llegar a ese nivel de asistencia.
Cuasimonedas: la amenaza de más provincias
No quieren llegar a tomar una decisión que los pondría «a rascar el fondo de la olla» y Javier Milei ya le avisó a Ricardo Quintela que la Nación no va a respaldar los bonos de La Rioja.
Por ello, públicamente, los gobernadores dicen que las cuentas le cierran, que están siendo prolijos y ordenados en los gastos, pero en la intimidad, están cada vez más preocupados por el ahogo fiscal que recae sobre sus provincias.
El gobernador Llaryora hace saber a través de sus asesores que «Córdoba no tiene previsto emitir cuasimoneda», aunque la historia financiera de su provincia le advierta que ya lo tuvo que hacer en dos ocasiones.
El caso más recordado es el bono de la ciudad de Córdoba, Lecor, una serie de títulos emitidos en 2001 con un objetivo similar a los Lecop del gobierno nacional de entonces. Servían para recaudar fondos que posibilitaran pagar la deuda pública y podían ser utilizados como moneda de curso legal.
Mientras tanto en Entre Ríos, explican en reserva que «..el diálogo entre el gobernador Frigerio y Milei es bueno, los dos son economistas y conocen los problemas pero el escenario es crítico y tenemos que llevar los gastos y los ingresos día a día para no pasarnos en nada».
En Santa Fe, donde la lucha contra la inseguridad consume recursos, la preocupación va en aumento. A la férrea oposición de su gobernador, Maximiliano Pullaro a las retenciones al sector agropecuario que sólo benefician al Tesoro nacional y perjudican los ingresos del sector productivo provincial se suma «el cierre de muchas canillas al no enviar Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recortar subsidios, aumentar alícuotas de impuestos no coparticipables con las provincias y concentrar todos los ingresos. Si sigue este ajuste no se puede descartar ningún escenario de cuasimonedas», explican en reserva.
El proyecto que escandaliza a los gobernadores
A pesar de la gran cantidad de advertencias que han realizado los mandatarios provinciales a los interlocutores de la administración de Javier Milei, las prédicas parecen no dar resultado a juzgar por la manera en la que quedó redactado un artículo fundamental de la denominada «Ley ómnibus».
A ningún gobierno democrático se le negó nunca jamás un blanqueo de capitales y el de Javier Milei no será la excepción, pero la indignación se hace sentir en las capitales provinciales cuando se lee que en el proyecto que se discute en el Congreso se «utilizarán los recursos para capitalizar el Banco Central».
«¿No era que lo iba a cerrar o a quemar?», pregunta uno de los asesores de Llaryora. Y, se responde a si mismo, «no lo va a repartir con las provincias ni con una orden de un juez de la Corte Suprema. Todo dólar que ingrese será para él. Es increíble el destrato con los tesoros de las provincias».